Después de más de una década, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) convocó a un Congreso Nacional de Empresarios y Emprendedores al que concurrieron más de 300 actores de la micro, pequeña, mediana y gran empresa del país para deliberar durante todo un día bajo el slogan “Nuestro compromiso con Bolivia, por el empleo y la iniciativa privada” (29.5.2018).
La promulgación de la Ley de Creación de Empresas Sociales, la imposición de un alto incremento salarial y el sorpresivo anuncio de un segundo aguinaldo para el 2018 antecedieron al Congreso en el marco del Estado de Emergencia declarado, al sentirse vulnerados en sus derechos constitucionales; al no ser atendidas sus propuestas de solución a problemas recurrentes; y, al ser discriminados por el mejor tratamiento que se da a las empresas del Estado.
Bajo la égida de “consolidar la unidad, y ratificar la voluntad plena para defender, sostener y proteger los derechos, libertades y prerrogativas, que todas las Constituciones en nuestra historia -incluida la actual- reconocen y proclaman en favor de la iniciativa privada y el esfuerzo individual, como elemento transversal generador de bienestar, desarrollo y dignidad”, el Presidente de la CEPB, Ronald Nostas, condujo el Congreso por más de seis horas hasta emitirse la “Declaración de Santa Cruz de la Sierra”.
De la Declaración de diez puntos destaco, como algo urgente de atender, el clamoroso pedido de ajustar el modelo económico hacia uno inclusivo, donde se garantice la propiedad privada y la libertad de empresa, para crear empleos dignos y oportunidades de trabajo, por mejores días para Bolivia.
Asimismo, el pedido de abrogar la Ley de Empresas Sociales; respuestas a lo propuesto en las Mesas de Diálogo del 2016 para mitigar el contrabando, la informalidad, la burocracia, la sobre-regulación y el enfoque tributario punitivo prevaleciente; armar un plan para revertir la desaceleración y los desbalances macroeconómicos; la inviabilidad del pago del segundo aguinaldo; el empoderamiento a la CEPB y, el mantenimiento del Estado de Emergencia.
Un sector que aporta con un 62% al PIB y casi 40% a la inversión; que emplea al 71% de la población urbana y contribuye con el 96% de los impuestos (sin contar YPFB); que genera el 65% de la masa salarial y el 95% de las exportaciones (sin hidrocarburos); que produce bienes y servicios e ingresos para Ud. y para mí, merecería ser atendido pero, además, apoyado y muy bien cuidado por el bien de todo el país…
(*) Economista y Magíster en Comercio Internacional
Santa Cruz, 6 de junio de 2018
