17 de enero (Urgente.bo).- El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, dijo que la abrogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza decomisos no está en manos del Ejecutivo y es responsabilidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, indicó que el Gobierno debe instruir a sus parlamentarios dar prioridad y acelerar el tratamiento del proyecto de ley para anular este artículo que afecta a empresarios.
“Es el pretexto del viceministro (Silva) para no querer derogar la norma porque es el Gobierno que tiene mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados. Si el Gobierno quisiera ya hubiera presentado un proyecto derogatorio y ya lo hubiera hecho aprobar. (…) Lo que puede hacer el Gobierno en respuesta a los sectores que demandan la derogación de esta norma es instruirles a sus parlamentarios que aceleren y apuren el trámite legislativo”, indicó Alarcón a Urgente.bo.
Según Silva, la ALP era responsable de socializar el PGE en 60 días antes de ser aprobado, sin embargo, no lo hizo y ahora se presentan este tipo de problemas con algunos sectores.
“No es un tema de negación, no es que no queramos atender las demandas que ellos (los empresarios) plantean porque sencillamente no podemos. Ellos plantean la derogación, abrogación o que anulemos la disposición séptima y ese es un pedido que sencillamente por Constitución no faculta al presidente o ningún ministro poder derogar o abrogar una normativa”, señaló.
Sin embargo, Alarcón manifestó que fueron los legisladores afines al Gobierno quienes fueron los que no permitieron el tratamiento del PGE hasta que el presidente lo aprobó y publicó en la Gaceta oficial.
“Se ha saboteado el tratamiento y el debate legislativo del presupuesto, ha sido el Gobierno con sus disputados y sus autoridades legislativas en la Cámara de Diputados. Ellos no se han animado a sostener un debate en el Parlamento para que el pueblo se entere a través del Parlamento de los gravísimos defectos de la ley del presupuesto y han hecho la misma trampa que hicieron el año pasado para ponerlo en vigencia sin pasar por la Asamblea Legislativa”, explicó.
Asimismo, indicó que este jueves presentó un proyecto de ley, con un artículo único para derogar la ley 1613, el artículo 7, de la disposición adicional que es la que establece la confiscación y el decomiso. Dicho proyecto será tratado recién la próxima semana
“Esto recién va a ser tratado la próxima sesión plenaria para remitirlo a la comisión correspondiente que asumo que va a ser la de planificación y tendrá que seguir su trámite legislativo normal. Lo que puede hacer el gobierno en respuesta a los sectores que demandan la derogación de esta norma es instruirles a sus parlamentarios que aceleren y apuren el trámite legislativo”, reitera.
En caso de que el Gobierno instruya acelerar el trámite del proyecto de ley derogatorio a sus legisladores, en una semana se puede resolver el tema en la Cámara de Diputados y en la otra en la Cámara de Senadores, añadió Alarcón.
“El problema es que como es una ley vigente es de cumplimiento obligatorio, aunque es inválida porque se han pasado por la tapa la Constitución para ponerla en vigencia sin haber sido sancionada ni promulgada. Lo único que podría evitar que se cumpla es aprobar y sancionar el proyecto que yo he presentado, pues se tiene que derogar la disposición adicional”, reitero.
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