En los últimos veinte años se llevaron a cabo cinco referéndums en nuestro país, en los cuales se abordaron diferentes consultas a la población, entre ellos, el referido al gas, autonomías y la nueva Constitución Política del Estado, a objeto de contar con el respaldo legítimo que permita la toma de decisiones por parte de las autoridades y se consolide de esta manera la transición de la democracia representativa a la participativa.
A inicios del nuevo milenio, la producción y comercialización del gas se constituyó en un tema de agenda de discusión debido a las connotaciones importantes y sensibles que representa para nuestro país los recursos naturales que, valga recordar, en varios periodos de nuestra historia colonial y republicana se produjo la explotación de los mismos, pero contrariamente con un beneficio menor para nuestro país.
Durante la segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), la gestión de gobierno contemplaba proyectos para la exportación de gas para los mercados norteamericanos y se preveía puertos chilenos para su industrialización y comercialización, aspecto por el cual el gobierno apelo a las alianzas políticas necesarias para respaldar las determinaciones asumidas, más allá de que las mismas se produjeran entre ideologías contrapuestas pero con intereses mutuos, sin ningún tipo de consulta popular y apelando a la democracia representativa.
Esta situación, sumada a la inestabilidad política y económica, generaron una convulsión social produciendo la salida del gobierno de Sánchez de Lozada por lo que se efectúo la sucesión constitucional convirtiéndose en presidente de la república Carlos Mesa, quien, mediante referéndum de 18 de julio de 2004, llamó a la consulta para que la población defina sobre los hidrocarburos, entre otros, la propiedad del gas en boca de pozo, refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la exportación del gas.
De hecho, la respuesta reflejo el sentir pleno de la población que rechazó la exportación de gas que implicaba industrialización previa del gas boliviano por puertos chilenos, pero por sobre todo envió un mensaje contundente nacionalizador de los recursos naturales, en este caso del gas, para que los mismos pasen a manos nacionales y beneficien de esta manera a todos los bolivianos.
Los referéndums son una práctica recurrente en diferentes países del mundo en los cuales es común realizar este tipo de consultas a la población, debido a la importancia de los temas y los mecanismos de legitimidad que otorgan los mismos.
Otro episodio, en el periodo de estado plurinacional, estuvo referido a la intención de eliminar la subvención a los hidrocarburos. Así, mediante Decreto Supremo 748, de 26 de diciembre de 2010, se levantó la subvención a la gasolina y el diésel produciendo incrementos significativos en su precio, norma que estuvo vigente solo cinco días ya que el 31 de diciembre del mismo año, horas antes del año nuevo, debido a las protestas y paros que amenazaban la estabilidad del país, el gobierno de turno tuvo que abrogar la medida como resultados de escuchar la protesta de la población por los efectos contrarios que produciría el incremento de los hidrocarburos.
Estos antecedentes muestran que existe la necesidad de efectuar las consultas respectivas a la población sobre temas esenciales que afectan directamente a la misma, logrando de esta manera la legitimidad de las medidas asumidas por las autoridades, inclusive adecuando los límites normativos que pudieran existir. En tal sentido, efectuar un nuevo referéndum para consultar a la población con relación a la subvención de los hidrocarburos es imprescindible, aspecto que acertadamente fue anunciado por el gobierno nacional.
Gustavo Gómez es economista
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