11 de febrero (Urgente.bo).- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno Nacional acuerdan “no aplicar” la disposición adicional séptima del decomiso de alimentos hasta lograr acuerdos para reducir la especulación, contrabando, exportación ilegales, seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada.
“Ambas partes hemos acordado que la disposición séptima no se va a aplicar en tanto el sector privado y el Gobierno no se pongan de acuerdo en metodologías, normas o cualquier otra forma de solución al tema de especulación, contrabando ilegal, exportaciones ilegales, seguridad jurídica, y respeto a la propiedad privada”, informó Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB.
Aproximadamente a las 9:00 de este martes, el Gobierno y el empresariado privado instaló una nueva reunión para dialogar sobre la polémica disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que tiene “la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
En la pasada jornada, los productores de Santa Cruz realizaron movilizaciones y paro de actividades en demanda de la abrogación de dicha disposición. Sin embargo, en La Paz no se adoptaron las medidas acordadas.
Ortuño señaló que el paro de actividades perjudica a la población, a las empresas y la economía del sector.
“La CEPB respeta mucho a las diversas instituciones y sus estrategias para lograr sus objetivos. Sin embargo, no propicia paros y no puede estar de acuerdo con estos ya que afectan a la población, las empresa y la economía”, agregó.
