En un mundo ideal, la justicia debería ser administrada por jueces honestos y probos que, actuando sin presiones, apliquen la ley no solo como letra muerta sino como instrumento para mejorar la sociedad. En la antípoda de ese idealismo están los jueces politizados, aquellos que dependen del poder y le sirven aún a costa de la justicia.
Pero hay jueces todavía peores, los políticos; es decir, aquellos que, sin ser abogados ni parte del Poder Judicial, tienen el poder de impartir justicia. Estos últimos fueron los que juzgaron y, finalmente, destituyeron a la ahora ex presidenta del Brasil, Dilma Rousseff.
El proceso al que fue sometido no era judicial sino enteramente político. Se llama “impeachment”, se origina en el derecho anglosajón y no tiene traducción al español. Sus equivalencias son impugnación, impedimento, acusación pública, moción de censura y juicio político. Por su carácter político, los juzgadores no son jueces sino diputados y senadores. No existe ninguna garantía de que por lo menos una buena parte de esas dos cámaras esté integrada por abogados.
Un tribunal de esas características fue el que decidió la destitución de Rousseff. Curiosamente, la expresidenta no fue procesada por corrupción, ni siquiera por algún otro delito grave en el ejercicio de sus funciones, sino por haber “maquillado” el déficit presupuestal para mostrar que la situación económica del Brasil no era tan grave.
Pero esos no son los únicos detalles que demuestran que esa destitución es un acto de injusticia manifiesta. Además de que Dilma no fue juzgada por jueces; es decir, técnicos en la administración de justicia, resulta que fue literalmente procesada por reos; o sea, por demandados en juicios. La Cámara de Diputados tiene 513 integrantes y, según la organización no gubernamental A Transparência Brasil, un total de 303, que representan el 59,06 por ciento, tienen procesos o condenas judiciales. La Cámara de Senadores, que fue la juzgadora técnica, tiene 81 miembros y 49 de ellos (el 60,49 por ciento) son procesados por delitos mucho más graves que los que fueron imputados a Rousseff.
Un punteo de las acusaciones ocuparía mucho espacio así que solo mencionaré algunas: En diputados, Paulo Maluf, acusado de haber desviado 11 millones de dólares de los fondos públicos, tiene varias condenas encima y hasta hace poco era buscado por Interpol; Eder Mauro es juzgado por el Supremo Tribunal Federal por un caso de tortura en el que las víctimas son un niño y su padre y Afonso Hamm es uno de los muchos parlamentarios involucrados en el escándalo de sobornos de Petrobras. Pero el caso emblemático de la Cámara Baja es el de Eduardo Cosentino da Cunha, que fue acusado por la Procuraduría de corrupción pasiva y lavado de dinero y suspendido de su cargo el 5 de mayo. Era el principal acusador de Rousseff.
En Senadores el panorama es parecido. Allí está Fernando Collor de Mello, el expresidente procesado por corrupción en 1992 y ahora acusado de recibir millonarios sobornos, como buena parte de sus colegas.
Ese fue el tribunal que juzgó a Dilma, una exguerrillera que luchó contra las dictaduras.
Debido a que es ajeno a su naturaleza, un tribunal político no emite sentencias jurídicas sino políticas. Si el juicio a Dilma Rousseff hubiese sido técnicamente justo, no debió aplicársele la sanción máxima que es la destitución. Pero el juicio fue político, con un propósito ajeno a la justicia, así que se la sentenció como si hubiera cometido un delito muy grave. Para la historia, el verdadero crimen será su sentencia.
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
