“El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud”, establece el artículo 35 de la Constitución Política del Estado y en ese sentido se esperaría que el gobierno boliviano reconozca a la salud como un derecho social fundamental.
Sin embargo, los hechos actuales no muestran acciones contundentes para el desarrollo y ejecución de programas de salud pública y menos se advierte que las autoridades mantengan un sistema que se ocupe del tratamiento de enfermedades de la población mediante asistencia y dotación de medicinas de forma oportuna.
La situación económica que atraviesa actualmente nuestro país debido a la escasez de dólares, ha contribuido en gran medida a la falta de medicamentos para el tratamiento de diversas patologías sin que hasta ahora el Estado haya dado soluciones a esta problemática que se sigue agudizando. Un claro ejemplo reciente es el de la morfina en el Hospital de Clínicas o del metotrexato (presentado meses atrás) en la Caja Bancaria Estatal de Salud (CBES).
Tanto en los seguros médicos estatales como en las farmacias de la ciudad de La Paz, los estantes de muchas medicinas indispensables para el tratamiento de enfermedades como las agudas, crónicas, autoinmunes y terminales, están vacíos y ante la presentación de la receta médica elaborada por el especialista sólo queda estampado el sello de “inexistente”.
Adicionalmente el calvario que significa la burocracia de un seguro médico para conseguir medicamentos que no están disponibles en la farmacia es terrorífico porque se trata de un proceso complejo y frustrante para los pacientes, mucho más si estos tienen fuertes dolencias o invalidez; asisten solos a la consulta o son de la tercera edad.
Para ilustrar esta situación, la búsqueda de medicamentos que no están disponibles en la farmacia de la CBES implica la inversión de mucho tiempo y dinero porque primero se debe acudir con la receta y el sello de “inexistencia” al escritorio denominado triaje, llenar un formulario, presentar una carta, sello aquí, firma allá para luego ir en busca del medicamento a las farmacias con un precio que no sobrepase el establecido por el seguro y luego obtener el respectivo reembolso, que -obviamente- no es inmediato.
En cuanto a las farmacias de la urbe paceña, se puede advertir -además y por si fuera poco- la diferencia no sólo de precios; sino también la falta de información que se brinda sobre la inexistencia de medicamentos, en esos establecimientos de expendio.
La variación va desde Bs 0,50 hasta Bs 5 en el producto de la misma marca de laboratorio, lo cual podría parecer insignificante; sin embargo la diferencia incide y afecta a la economía de cualquier ciudadano y más si la compra tiene que ser constante.
En cuanto a los datos sobre el vademécum y su inexistencia también se dan diferentes versiones: “no hay dólares y no se pueden importar”, “se discontinuó”, “la empresa importadora no lo hizo llegar”, “se agotó en esta farmacia porque se vende harto”, “la importadora se olvidó hacer nuevo requerimiento”.
Con esa variedad de resultados sobre el precio y disponibilidad del producto cualquier usuario consigue desconfiar de la calidad de éste y hasta de la receta médica o -lo peor- comprar otro que podría ser nocivo e inadecuado a la salud del paciente.
Se sabe que algunas boticas en La Paz tienen costos más elevados que las cadenas de farmacias por la cantidad de fármacos que requieren; sin embargo, otras tienen importes razonables que no atentan mucho al bolsillo. La diferencia de precios es explicada por los márgenes de intermediación de los variados actores de la cadena; pero en otros casos es simplemente un lucro injustificado.
En materia de farmacias no existe un monitoreo periódico que sea público, sobre la disponibilidad de medicamentos requeridos y tampoco se conoce de sanciones a quienes transgreden las normas en esos servicios con su nivel de atención.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los medicamentos esenciales como aquellos productos que reparan las necesidades sanitarias de la mayoría de la población. Esto significa que deben estar disponibles en todo momento, en cantidad y calidad suficiente así como con asequibilidad garantizadas.
El organismo internacional añade que el uso adecuado de los medicamentos implica que el paciente reciba cada uno de ellos con la indicación específica, en la dosis correcta, durante el tiempo establecido y al menor costo posible.
Aunque las medicinas -gran parte de las veces- tienen precios elevados no se las puede clasificar como una mercancía común, ya que su valor específico está ligado al mejoramiento de la salud y en ese sentido son consideradas un bien social.
La ausencia de medicamentos necesarios tanto en los seguros como en las farmacias del país puede llevar al mayor deterioro de la salud; costos elevados (medicinas no cubiertas por el seguro); uso de medicinas alternativas y -finalmente- estrés y ansiedad de los pacientes.
No se puede permitir que la falta de medicinas y la ineficiencia del sistema de salud sigan perjudicando a la población. Se necesita una intervención integral que aborde desde la disponibilidad de medicamentos esenciales hasta la equidad en los precios, asegurando un acceso oportuno y asequible para todos.
En Bolivia, los derechos de pacientes son perjudicados de una u otra manera y éstos se quedan con la resignación y sufrimiento a cuestas. Es imperativo que el Estado ampare a la población adoptando medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud, tal como lo establece la Constitución.
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