Lluvias dispersas, de poca duración y que alegran a los pobladores de algunas zonas de Bolivia, representan un alivio temporal con pequeños beneficios locales que son insuficientes para aminorar la escasez del agua o actuar de manera efectiva contra los incendios o chaqueos.
Empeorando el panorama, cuando llegan unas cuantas gotas de agua del cielo también comienza el uso desmedido e inadecuado del líquido elemento en varias capitales de departamento: se riegan enormes jardines en horarios que no retienen la humedad; se lavan vehículos en varias vías públicas y se malgasta en usos personales en muchos edificios multifamiliares y casas particulares.
La falta de agua en Bolivia ya afecta a más de 487.000 familias, según cifras del gobierno y se prevé que la situación se agudice entre enero y mayo de 2024, afirma Yvette Sierra Praeli en un reportaje escrito “Mongabay periodismo ambiental independiente en Latinoamérica”.
La publicación destaca que son 105 municipios ubicados en varios departamentos que han sido declarados en desastre municipal; 10.000 hectáreas de cultivo han resultado afectadas por la sequía; más de 131.000 animales de la ganadería boliviana padecieron por la poca agua disponible para beber además alrededor de 10.200 murieron de inanición.
En octubre del presente año, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) emitió un informe que indicaba que 5 de las 10 represas de La Paz tenían menos del 50% de su capacidad de almacenamiento. Casi a la par se informaba que el nivel del agua del Lago Titicaca se iba reduciendo notoriamente.
Al fenómeno con muchas sequías al que se le ha denominado “El Superniño” y que no sólo afecta al área rural; sino también a las ciudades capitales e intermedias, se le han sumado más de 20 incendios forestales que han arrasado con 2,7 millones de hectáreas de tierras y que surgieron debido a los chaqueos, quemas que tradicionalmente han llevado a cabo pequeños y grandes agricultores con la intención de preparar sus tierras para el cultivo.
Esta práctica que hace muchos años atrás se sale de control y ocasiona daños irreversibles al medioambiente, cuenta con el apoyo de normas promulgadas durante el Gobierno del expresidente Evo Morales (2006-2019) las cuales permiten el desmonte de tierras mediante la tala de árboles para convertirlas en suelo cultivable.
Los chaqueos e incendios en Bolivia son responsabilidad directa de personas inescrupulosas que -muchas veces- invaden territorios que no son -siquiera- de su propiedad, ocasionando estragos sin pensar en sus propias familias o comunidad. De hecho en 2022 Bolivia ocupó el tercer lugar entre los países del mundo con mayor pérdida de bosques primarios, después de Brasil y la República Democrática del Congo, según el reporte de Global Forest Watch (GFW).
Es probable que de aquí a un tiempo se olvide esta sequía y las autoridades sigan con su típica indiferencia o actuando al borde del colapso; sin embargo, es importante hacer notar que cada vez se hacen más necesarias soluciones de emergencia y medidas de prevención constantes.
El gobierno central en lugar de unirse a las gobernaciones y alcaldías locales para tomar conciencia de la necesidad, echa toda la culpa al cambio climático; nunca declara emergencia nacional -pareciera que espera ocurra lo peor en el país- y deja al descubierto la mala planificación y escasa infraestructura para garantizar el adecuado abastecimiento de agua.
Expertos en la materia, señalan que la crisis del agua no es pasajera ni consecuencia exclusiva de fenómenos atmosféricos, por lo tanto para atender necesidades futuras se requieren acciones unidas, políticas claras y campañas educativas permanentes sobre el cuidado del agua para el bien común, en lugar de destinar demasiados recursos a propaganda política o publicidad intrascendental.
Las manifestaciones de grupos de ciudadanos en contra de la indolencia del gobierno no logran que éste, ocupado en la vigilancia de otros temas de orden político, atienda esta crisis despiadada que provoca daños económicos, transgresiones ambientales y amenazas a la salud pública. La abrogación de leyes ambientales, una pausa ambiental para frenar la deforestación y la eliminación de privilegios impositivos a cooperativas mineras, tampoco son temas de su interés.
¿Hasta cuándo tanta desidia?
