23 de abril .- Una multitudinaria protesta se llevó a cabo frente a las oficinas de la Procuraduría General del Estado en El Alto, donde miles de personas se manifestaron en defensa de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) y en repudio a las recientes declaraciones del Procurador General, Ricardo Condori, quien se expresó a favor de FANCESA en un litigio entre dos empresas privadas.
La movilización fue protagonizada por organizaciones comunitarias del municipio de Viacha, cooperativas mineras, transportistas, estibadores, proveedores de caliza y trabajadores de diversas plantas de SOBOCE, quienes expresaron su indignación y rechazo a la intervención política e institucional del Procurador, quien pretende direccionar y condicionar un próximo fallo sobre un amparo constitucional, para lo cual ha expresado criterios subjetivos, y, lo que es peor, ha tomado parte en un litigio entre particulares, intentando socapar y encubrir las aberraciones y atropellos que han sido sistemáticamente cometidos contra SOBOCE en este proceso judicial.
“¿Cómo una autoridad puede emitir declaraciones tan sesgadas y comprometer la institucionalidad de su cargo? ¿Cómo una institución del Estado va a interferir de esa manera tan grotesca en la administración de justicia constitucional? ¿Dónde está la independencia de poderes? ¿Así se pretende atraer inversiones al país? La postura del Procurador no solo vulnera la legalidad, sino que pone en riesgo miles de empleos con su injerencia”; afirmó Claudio Alba, Secretario General del Sindicato de Transporte de Materias Primas Sintracot. “Lo que está ocurriendo es un atentado contra la justicia y una señal preocupante de persecución a una empresa privada que ha trabajado durante 100 años por Bolivia”, sostuvo.
Los manifestantes también denunciaron que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que pretende imponer a SOBOCE una multa superior a los 700 millones de bolivianos por un supuesto caso de competencia desleal, nunca fue probado y carece de sustento legal. Esta medida judicial pone en riesgo más de 1.500 empleos directos y afecta a más de 200.000 familias que dependen de la cadena de valor de la industria cementera.
“Queremos dejar en claro que no permitiremos una injusticia de esta magnitud. SOBOCE ha sido un pilar del desarrollo productivo del país, y hoy está siendo atacada injustamente. Esta lucha es por nuestras fuentes de trabajo, por nuestras familias y por el respeto al Estado de Derecho”, aseguró David Cruz, Presidente de la cooperativa minera Catavi.
Entre las organizaciones movilizadas se encontraban los Mallkus de Viacha, la Comunidad de Iquiluyo, las cooperativas mineras de Catavi, Collana, Amiprocal, Sumaj K’ala, Unión Salvador, además de mineros de Wasa Kocha (Cochabamba), Obrajes y Sorakachi (Oruro) y Comanche (La Paz).
También participaron trabajadores de SOBOCE, Ready Mix, Sobopret, Esmiscal, y representantes de los sindicatos de transporte SINTRACOD, STPV, Pocohota e Ingavi, junto a estibadores y movimientos sociales ligados a la cadena de valor del cemento.
La protesta concluyó con un llamado firme a las autoridades nacionales a respetar los principios de legalidad, independencia institucional y Estado de Derecho. Los movilizados anunciaron que continuarán con acciones para defender a SOBOCE, exigir justicia y rechazar toda forma de persecución institucional a la empresa privada boliviana, como la que claramente ha emprendido el Procurador del Estado a través de sus declaraciones en las que parece hacer las veces de “abogado” de FANCESA, lo cual es inaceptable dado el cargo que está persona ejerce, y dada la supuesta independencia entre poderes inherente a un estado de derecho.
Acción de Amparo Constitucional presentada por SOBOCE
La Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) presentó una Acción de Amparo Constitucional en contra del fallo emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ya que dicha sentencia vulnera gravemente sus derechos fundamentales y sienta un precedente alarmante para la seguridad jurídica del país.
A través de un comunicado, la empresa cuestionó una condena que la obliga a pagar 744 millones de bolivianos a FANCESA, por un préstamo que SOBOCE obtuvo y pagó con recursos propios cuando aún era accionista de la cementera chuquisaqueña. El fallo se basa en argumentos sin sustento legal, tergiversando una operación completamente lícita y buscando consolidar un enriquecimiento indebido, y al mismo tiempo la quiebra forzada de SOBOCE para promover un monopolio que resultaría nefasto para el país en su conjunto.
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