El Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) se implementó en enero de 2021, tras su creación mediante la Ley N° 1355 del 28 de diciembre de 2020, con el propósito de devolver el 5% del IVA pagado en facturas a personas naturales cuyos ingresos mensuales no superen los Bs 9.000. Desde su puesta en marcha, benefició a un número creciente de ciudadanos, consolidándose como un apoyo clave para la economía de muchas familias y contribuyendo a aliviar su carga fiscal.
Sin embargo, en los últimos meses, el programa enfrentó dificultades debido a retrasos recurrentes en los pagos, generando preocupación y malestar entre los beneficiarios. Desde inicios de 2024, estas demoras han sido frecuentes, afectando la confianza en el sistema y evidenciando la necesidad de mayor eficiencia en su administración.
Cientos de personas que dependen de este reintegro acudieron a las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en busca de respuestas, pero se encontraron con desorden, falta de información y largas esperas. Para muchas familias, estos pagos representan un alivio en sus bolsillos, ya que mensualmente destinan sumas considerables a gastos como pensiones de colegios y universidades; compras en supermercados, farmacias, cines, pasajes, librerías y otras tiendas. La falta de cancelación obligó a reajustar presupuestos.
Ante las crecientes quejas, el SIN emitió un comunicado que está en su página WEB. En la nota afirma que el Re-IVA está plenamente garantizado y que se cuenta con las partidas presupuestarias necesarias para garantizar el reintegro del 5% asegurando su pago oportuno y transparente.
Según el SIN, el sistema informático de la Administración Tributaria detectó documentos electrónicos que evidenciaban la emisión de facturas sin la correspondiente venta de bienes o la prestación de servicios lo que llevó a la retención del 5% del IVA en estos casos, para evitar un perjuicio al Estado.
El comunicado también menciona que algunos beneficiarios no recibieron su reintegro debido a problemas con sus cuentas bancarias, como datos incorrectos, cuentas bloqueadas, inactivas o no habilitadas para recibir transferencias. No obstante, la falta de una difusión masiva sobre estos inconvenientes generó incertidumbre entre los ciudadanos, muchos de los cuales aún esperan su dinero y enfrentan dificultades para obtener información clara sobre el proceso.
A esta problemática se sumó la denuncia de la diputada Samantha Nogales, de Comunidad Ciudadana (CC), quien aseguró haber recibido cerca de 600 reclamos de beneficiarios que no percibieron sus pagos desde julio de 2024. Según sus declaraciones, más de 284 mil personas se habrían visto perjudicadas por estos retrasos.
Asimismo, la legisladora criticó la decisión del SIN de suspender la totalidad de los desembolsos en vez de abordar los casos fraudulentos de forma individual. También manifestó su inquietud por las consecuencias negativas de estas demoras y sugirió que el Gobierno podría estar destinando estos fondos a otros propósitos en un contexto de dificultades económicas.
Pese a las promesas del SIN de regularizar los pagos atrasados en un corto plazo, la inseguridad se mantiene. La falta de precisión sobre los tiempos de espera y la ausencia de soluciones efectivas generaron desconfianza en el programa. Aunque el Gobierno insiste en que el Re-IVA está en ejecución, la demora de los pagos pone en duda la capacidad del Estado para administrar de manera eficiente este beneficio.
Otro factor que ha complicado la situación es la necesidad de renovación anual del registro. Desde enero del presente año, el SIN estableció que los beneficiarios deben actualizar su inscripción para continuar recibiendo el reintegro. Sin embargo, muchas personas desconocen este requisito, lo que provoca confusión y retrasos adicionales. Aquellos que no completan la actualización a tiempo deben esperar hasta la próxima fecha determinada para recibir nuevamente el beneficio, complicando aún más la situación.
Asimismo, las restricciones sobre las facturas elegibles generan inconvenientes. No todas las facturas son válidas y la falta de datos precisos provoca que algunos beneficiarios no reciban el pago sin entender el motivo. Las facturas electrónicas, computarizadas y emitidas a través del portal web del SIN son aceptadas, pero las manuales, prevaloradas y aquellas correspondientes a servicios básicos o combustibles están excluidas del beneficio. La ausencia de información oportuna, permanente y clara genera confusión.
Si el Re-IVA pretende seguir siendo un beneficio real para la población, el SIN debe implementar medidas urgentes para mejorar su gestión. Es fundamental automatizar los procesos de verificación, simplificar los trámites y proporcionar detalles específicos a los beneficiarios sobre los tiempos de espera y las razones de los retrasos. Además, convendría que Impuestos Nacionales establezca canales de atención más accesibles para que los ciudadanos puedan conocer el estado de sus devoluciones sin necesidad de largas esperas en oficinas.
Adicionalmente, el gobierno debería implementar una campaña masiva de difusión explicando detalladamente el procedimiento y los requisitos para acceder al beneficio. Asimismo, es fundamental cumplir con los cronogramas de devolución y habilitar pantallas o mecanismos de verificación que permitan a los beneficiarios confirmar que los montos están siendo devueltos correctamente.
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