2 de enero (Urgente.bo).- Este lunes, 1 de enero, entró en vigencia el polémico Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2025 bajo la ley 1613, sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y en medio de cuestionamientos de diferentes sectores.
“Por cuanto, habiendo transcurrido el término de 60 días, sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional la Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2025, en el marco del numeral 11 del parágrafo I del artículo 158 y del parágrafo II del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, entra en vigencia a partir de su publicación”, señala el documento publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
El nuevo presupuesto entró en vigencia desde este 1 de enero hasta el 31 de diciembre de la presente gestión con un importe total agregado de Bs 369.340.694.521 y un consolidado de Bs 296.565.879.631.
Una aprobación polémica
El PGE 2025 vigente aún contempla disposiciones polémicas, una de ellas, la séptima, fue cuestionada por el sector productivo y empresariado privado que “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
La disposición aclara que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar, información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad.
Los sectores productivos calificaron de un ”mal plan” la disposición séptima como un intento para eliminar el contrabando y reducir la especulación de precios de productos para la venta en el mercado interno de Bolivia.
Pese a los cuestionamientos desde la emisión del PGE 2025, la ALP no pudo instalar una sesión para su tratamiento propiciando su aprobación por vía decreto como en el PGE 2024.
A la par, el presupuesto prevé un crecimiento económico del 3,5% y un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a 3,71%.
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