Las universidades públicas son “centros de perversión”, lugares de borrachera e indisciplina, donde enseñan a agredir y quemar banderas de Cuba. Esa es la percepción del Presidente Evo Morales, que siente que estas instituciones “están retrocediendo”, por lo cual “está feliz de no haber ido a la Universidad”.
Estos comentarios fueron realizados por el Presidente en diferentes discursos en los últimos años, lo cual refleja los sentimientos que tiene la primera autoridad del país sobre el Sistema Universitario Nacional, donde, a decir del Primer Mandatario, “se está abusando de la autonomía”.
Creo en lo personal que la observación presidencial del párrafo anterior es la más relevante, a Evo no le gustan opiniones diferentes a las de él, menos que se le enfrenten, y no soporta la presencia de otros líderes; por lo tanto, detesta la Autonomía, no contar con el control de las cosas, abomina cualquiera nivel institucional estatal que no le rinda tributo y es aún peor, si le es antagonista.
Y si antes eran gobernadores y alcaldes opositores los que quitaban el sueño al Jefazo, ahora son también algunos Rectores de universidades, que ya no sólo luchan por el tradicional pedido de mayor presupuesto, sino que ya se incluyen en los movimientos políticos opositores.
La forma de castigo a estos líderes no varía, y pasa por la descalificación política y civil, la imposición de procesos judiciales y el decremento constante de presupuesto que no deja ejercer eficazmente sus competencias constitucionales.
En esta línea, el Gobierno Central ha buscado constantemente formas para reducir el presupuesto de gobernaciones, alcaldías y universidades; logrando que los recursos que administran los niveles autonómicos en el Presupuesto General del Estado (PGE) sea absolutamente marginal, apenas un 13% del dinero que manejarán las instituciones estatales el 2018; sin contar, por otro lado, las retenciones de recursos que hace el gobierno a las cuentas fiscales autonómicas, para financiar políticas del nivel central de gobierno, lo que hace que con suerte, las entidades descentralizadas manejen el 10% del total de los recursos del PGE.
En el caso del Sistema de la Universidad Boliviana, que comprende a catorce casas de estudio y más de medio millón de estudiantes en todo el país, han estado administrando apenas un promedio del 2% del PGE en los últimos diez años.
Sus fuentes principales de ingresos son: la Coparticipación Tributaria, que fue definida junto a la Ley de Partición Popular de 1994, y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que fue implementado el año 2005, junto a la Ley de Hidrocarburos promulgada por Hormando Vaca Diez; juntos, significan alrededor del 60% de los ingresos universitarios.
La tercera fuente en importancia son las subvenciones del Tesoro General de la Nación (TGN), que representa aproximadamente un 25% de los ingresos del Sistema y que son gestionados por las diferentes Casas de Estudio Superior con el Ministerio de Economía, en base a la obligación que la Constitución Política del Estado (CPE) genera al Gobierno Central de financiar las necesidades de las Universidades; artículo, que es pertinente hacer notar, ya estaba escrito en la Constitución previa a la promulgada por Morales.
Es decir, que en estos doce años de gestión del Proceso de Cambio, no existió ninguna variación o mejora en los ingresos de las Universidades; lo cual demuestra también, que optimizar las condiciones institucionales del Sistema Universitario, no fue ni es, prioridad del Jefazo.
Bajo estos antecedentes, es difícil augurar esperanzas para encontrar posibles soluciones en el diálogo Gobierno – UPEA, institución alteña que cuenta con un 30% más de los recursos que contaba hace cinco años, pero que tiene un crecimiento de más del 100% del alumnado en el mismo tiempo; lo que hace que tenga el menor ingreso anual por alumno de todo el Sistema Universitario.
Lo que además debe preocupar, es que fruto de la discusión y tan característico de las estrategias gubernamentales, el Gobierno apueste a quitar recursos de la UMSA en favor de la UPEA, lo cual dividiría la lucha y causaría enfrentamientos (recordemos Incahuasi), pues está claro que nunca ha tenido predisposición de sacrificar un boliviano de su bolsillo y descentralizar recursos.
Retomar – en serio – la discusión del Pacto Fiscal, podría solucionar estructuralmente estos entuertos, pero ya conocemos de la importancia que Evo y sus autoridades le dan a este proceso de diálogo, que nunca fue sincero.
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