Coyuntura
La extensión de la bandera tuvo la participación de las lanchas que se usan para el transporte de pasajeros en el estrecho de Tiquina, entre los puertos de San Pablo y San Pedro.
"Por ahora solamente tenemos dos unidades educativas, en la boca del río Chapare y en Gundonovia, donde todavía no han vuelto a clases porque tienen problemas de inundación", dijo.
En la Corte Federal de Fordlauderdale, en Florida- Estados Unidos, los abogados del exjefe de Estado acusaron a Evo Morales, presidente de Bolivia y Felipe Quispe de los hechos sangrientos suscitados entre septiembre y octubre de hace 15 años atrás.
La autoridad del Ejecutivo dijo Sánchez de Lozada con sus declaraciones trata de engañar y cambiar la verdad de los hechos acontecidos en 2003. Pero sostuvo que afortunadamente el pueblo boliviano es consciente de lo acontecido en la guerra del gas.
En el texto Felipe Quispe refiere que tuvo una una participación directa en el desplome del exmandatario el 2003. Según el Mallku, fue él quien organizó, dirigió y culminó la rebelión hace 15 años atrás.
“(Vamos a solicitar) que los casos de feminicidios puedan tener una celeridad, que no se siga retrasando, que la justicia no siga siendo enemiga de las mujeres”, enfatizó Jessica Echeverría, activista a favor de los derechos de las mujeres.
"Nosotros hemos encargado un estudio de prefactibilidad que se nos va a entregar en el curso de marzo donde vamos a tener un proyecto de Palmasola, que significaría tener infraestructura y tecnología, personal y la inversión (...), para Palmasola vamos a presentar una propuesta integral igualmente para Chonchocoro", dijo.
Una representante del Centro de Derechos Constitucionales, que patrocina a las víctimas de Octubre de 2003 y que prefirió mantener su nombre en reserva, manifestó que “lo que busca la defensa al involucrar, directamente o indirectamente en estos hechos, a gente en el gobierno de Bolivia es debilitar la causa e influir en el jurado
A la salida de Palacio de Gobierno, Javier Zavaleta sostuvo: “esta es una solicitud que hace ante la justicia para liberar el arraigo, este es un tema de interés nacional, de prioridad del Estado boliviano. Por lo tanto no debe haber autoridad judicial que le niegue la posibilidad de asistir a La Haya”.
“Se está reuniendo el Comité del Consejo Penitenciario, en el caso de Santa Cruz, para evaluar la situaciones porque algunos dicen que no tiene quien se haga cargo de los menores, no tiene familiares que puedan hacerse cargo a la custodia”, dijo el ministro Carlos Romero.
