20 de agosto (Urgente.bo).-  La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, explicó que si en 10 días, que inicia a partir de este jueves, el Ministerio de Educación no cumple con el fallo constitucional y crea políticas públicas para garantizar la educación en el país, se generará un proceso de reclamación y un Tribunal de Garantías intervendrá para verificar el cumplimiento de la determinación.

Cruz explicó que en caso de que el Gobierno no haya cumplido con la determinación constitucional, el caso pasará al Ministerio Público, instancia que iniciará un proceso penal por el delito de incumplimiento de fallo constitucional contra los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez, y el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.

“10 días hábiles desde que se ha notificado, hoy es el primer día que tiene que estar a cargo el Estado. No se cumple en los 10 días, se genera el proceso de reclamación ante el Tribunal de Garantías. El Tribunal de Garantías señalará si hay un incumplimiento doloso o es un incumplimiento que se puede entender y en ese marco remitirá al Ministerio Público y ojalá Ministerio Público entienda la importancia de lo que es el derecho a la educación en este fallo constitucional y podrá procesar a las autoridades por incumplimiento de fallos constitucionales en la vía penal”, explicó la defensora.

La autoridad también aclaró que el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz no establece que los estudiantes tengan que volver a clases presenciales.

“El tribunal ha sido claro, no se puede dar clases presenciales porque se tiene que resguardar la vida y la salud de nuestros estudiantes, de toda la comunidad educativa. Lo que le ha dicho es como no sabemos cuánto va durar esto, como posiblemente no podamos volver al aula este año, entonces, tenemos que generar, además de la educación virtual, que sabemos que no ha funcionado, tenemos que ver medios alternativos. (…) De manera virtual y educación a distancia, la única que se ha prohibido es la educación presencial”, contó Cruz.

Sobre las acusaciones de que el fallo tendría tintes políticos relacionados al MAS, la defensora dijo que no todos los que exigen derecho a la educación son partidarios de un partido político.