En los más de diez años de los gobiernos de Evo Morales, ninguna movilización colectiva fue tan repudiada como la de los dirigentes de las autodenominadas cooperativas mineras.
Hay tres razones para las críticas: el rechazo de los dirigentes a la sindicalización de sus trabajadores, su pretensión de suscribir contratos mineros con privados y —la menos comentada oficialmente:— el verdadero carácter que tienen esas empresas que funcionan con el rótulo de cooperativas.
Y el fondo del problema está en la tercera razón, el enmascaramiento. Pese a los discursos de sus dirigentes, generalmente quejumbrosos, la verdad es que son pocas las cooperativas mineras que funcionan bajo los postulados del cooperativismo pues la mayoría son agrupaciones privadas que se escudan en ese encomiable sistema.
“Cooperativa” viene de “cooperación” y todos los diccionarios, incluidos los jurídicos, se refieren a ella como un sistema o régimen en el que sus miembros se cooperan entre sí “en el orden económico y social”. La Ley General de Sociedades Cooperativas de 1958 señalaba que “el objetivo de la sociedad no es el lucro sino la acción conjunta de los socios para su mejoramiento económico y social…” mientras que la Ley 356, promulgada en abril de 2013, define a una cooperativa como “una asociación sin fines de lucro, de personas naturales y/o jurídicas que se asocian voluntariamente, constituyendo cooperativas, fundadas en el trabajo solidario y de cooperación…”.
Muchas de las cooperativas mineras no se encuadran en esas definiciones. Son entidades en las que prima el lucro ya que existe una cierta cantidad de socios, generalmente los dirigentes, que ganan mucho en detrimento de otros que ganan muy poco. Para probarlo, es suficiente mirar las casas de los dirigentes, cuando no sus hoteles y/o condominios.
Consiguientemente, el “mejoramiento económico y social” no es para todos sino para unos pocos, los dirigentes. Es más, muchos de los mineros que trabajan para esas cooperativas lo hacen no por una coparticipación igualitaria de los excedentes o ganancias, como debería de ser en una cooperativa, sino a cambio de un jornal o salario. Se convierten, entonces, en empleados que dependen de un empleador. Eso no es cooperativismo.
El cooperativismo minero tiene sus antecedentes en los mineros llamados qaxchas o ckajchas que se organizaron formalmente en la década de los años veinte del siglo pasado. Los qaxchas eran los herederos de los mitayos que soportaron una dura explotación laboral, muy parecida a la esclavitud, en tiempos coloniales. Duraron hasta la República porque eran mano de obra barata, muchas veces gratuita, y, por tanto, se convirtieron en el sostén de la economía extractivista que perdura hasta nuestros días. Los obreros de las minas, los mineros, son sus herederos naturales y constituyen, actualmente, la base del cooperativismo que ahora reclama mayores beneficios de los que ya goza. La mayoría no son socios sino jornaleros que provienen de las áreas rurales de Potosí, Oruro y La Paz, en ese orden. Trabajan mucho para ganar poco y, debido a una idiosincrasia cuyo estudio corresponde a la Sociología, gastan su jornal en alcohol y lo que queda lo utilizan para mantener a sus familias.
Por tanto, con honrosas excepciones, lo que tenemos enfrente son empresas privadas a las que no les conviene que sus empleados se sindicalicen porque comenzarían a reclamarles los derechos que no tienen. Es lógico que la ciudadanía rechace sus pretensiones y que en este caso le dé toda la razón al Gobierno.
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
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