El Año Nuevo de 1829 sorprendió a la joven república de Bolivia con la noticia del asesinato del presidente Pedro Blanco Soto.
En rigor de verdad, es posible que la noticia haya conmovido a Sucre, la capital, donde ocurrió el magnicidio; a la vecina Potosí y a La Paz cuya anexión al Perú fue una de las razones que desencandenó la crisis. El resto del país, carente de medios de comunicación, se enteraría días después —y habría lugares a los que la noticia nunca llegaría— debido a que Blanco ejerció la presidencia apenas cinco días: fue posesionado el 26 de diciembre de 1828 y lo depusieron del mando el 31. Cuando lo asesinaron, en la madrugada del 1 de enero de 1829, ya no era presidente pero sí un prisionero incómodo. Sus captores, Mariano Armaza, Manuel Vera y José Ballivián, decidieron que lo mejor era matarlo.
La muerte de Blanco fue, probablemente, el corolario a la mayor situación de crisis política que vivió Bolivia porque fue provocada por la primera invasión peruana encabezada por Agustín Gamarra que, previamente, provocó el motín contra el mariscal Sucre y su renuncia a la presidencia. El presidente asesinado era opositor al vencedor de Ayacucho y, antes de ser elegido, se había puesto de acuerdo con Gamarra para la invasión.
Su efímera presidencia, la más corta en la historia del país, resume la inestabilidad política que caracterizó a Bolivia.
Si, para medir esa inestabilidad, hay que tomar como parámetro los asesinatos de presidentes, Bolivia tiene una alarmante cantidad de gobernantes muertos y algunos en circunstancias particularmente espantosas como fue el caso de Gualberto Villarroel (21 de julio de 1946). Otros, como René Barrientos (27 de abril de 1969), murieron trágicamente, en circunstancias no del todo aclaradas.
Otros presidentes, o ex presidentes, que murieron asesinados fueron Hilarión Daza (febrero de 1894), Manuel Isidoro Belzu (marzo de 1865),
Juan José Torres (junio de 1978) y Jorge Córdoba (octubre de 1861). En todos estos casos, las razones para el crimen fueron enteramente políticas.
Justifiquemos esa afirmación:
Daza volvía al país para defenderse de las acusaciones de traición a la Patria que pesaban sobre él desde la Guerra del Pacífico. Lo mataron en Uyuni, a traición, e hicieron desaparecer los documentos que traía para probar su inocencia.
Belzu fue uno de los líderes más influyentes de su tiempo. Cuando volvió al país, en 1865, encabezó una sublevación contra el gobierno de Melgarejo. Triunfó pero el tirano del sexenio logró llegar a él y lo mató a balazos.
Torres fue una víctima de la “Operación Cóndor”. Tras haber sido derrocado por Bánzer, en 1971, estaba exiliado en Argentina donde fue secuestrado y asesinado el 2 de junio de 1978 en un operativo coordinado con el gobierno de Jorge Rafael Videla.
Córdoba murió en las tristemente célebres “matanzas de Yáñez”. Había sido tomado prisionero, acusado de conspirar a favor de Belzu, cuando el comandante de la plaza, Plácido Yáñez, lo hizo fusilar sin contemplaciones el 23 de octubre de 1861.
Noviembre es el mes con la mayor cantidad de magnicidios, dos: Mariano Melgarejo, asesinado por el hermano de su examante en Lima (1871) y Agustín Morales a quien su sobrino, Federico Lafaye, mató a tiros cuando el presidente lo agravió en Palacio de Gobierno.
Sobre el asesinato de Blanco queda un asunto pendiente: ya sea por buenas o malas razones, uno de los responsables de su muerte fue Ballivián quien después pasó a engrosar la lista de los mayores héroes de nuestro país.
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
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