La muerte de Eva Quino fue usada como un ejemplo de los escasos avances en la lucha contra la pobreza en Bolivia debido a que murió de hambre. Eso y la coincidencia de su nombre con el del presidente dio comidilla a los opositores hasta que estalló el lío de los nueve bolivianos detenidos en la frontera con Chile.
¿Cómo murió Eva en el país de Evo? ¿Realmente está fracasando la política del “vivir bien” que, por lo menos en este caso, se tradujo en “morir mal”?
Si uno intenta ser ecuánime, no se fiará ni de los datos del Gobierno, que infla los bolsones positivos, ni de los de la oposición, que aprovecha cualquier debilidad para llevar algo de agua a su esmirriado molino.
Un documento profesional y equilibrado es el Informe Nacional Sobre Desarrollo Humano en Bolivia que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el año 2015, cuando el Gobierno de Evo Morales ya llevaba nueve años en el ejercicio del poder.
“La economía boliviana ha crecido en el último lustro a una tasa promedio del 4 % y ha beneficiado en mayor medida a los estratos de ingresos bajos de las áreas urbanas y regiones metropolitanas”, dice el informe en su página 24.
Eva y sus hermanos formaban parte de esos estratos de ingresos bajos. ¿Cómo es que ese crecimiento —discreto pero crecimiento al fin— no los favoreció y permitió que la niña sea alcanzada por la desnutrición? El informe dice que “este crecimiento ha mostrado sus limitaciones” y apunta que “la brecha de ingresos laborales entre los distintos segmentos del mercado aun es notablemente grande”.
En términos sencillos, el discreto crecimiento de la economía boliviana no termina de favorecer a “los estratos de ingresos bajos” porque todavía hay gente que gana mucho en desmedro de la que gana poco o sencillamente no gana.
El informe señala que faltan condiciones para la creación de empleos de calidad y eso es válido más para el sector privado que para el público debido a que el crecimiento de este último generalmente se traduce en burocracia y mayor carga económica para el Estado.
Sin embargo, ¿qué se puede esperar en un país en el que no se incentiva la inversión privada y, por el contrario, se la castiga?
Sin entrar en detalles macroeconómicos ni en diferencias ideológicas, el Gobierno tiene que entender que Bolivia se ha convertido en un infierno fiscal en el que el peor delito es cumplir la ley.
Las empresas que quieren cumplir con la norma tributaria son las más castigadas con multas y sanciones. Obtener un Número de Identificación Tributaria para cumplir con las obligaciones fiscales se ha vuelto una práctica insalubre porque quien lo hace se arriesga a que le multen, así sea por errores en el llenado de formularios.
El ranking “Paying Taxes 2015” del Banco Mundial califica a Bolivia como “el peor país del mundo en cuanto a facilidad para pagar impuestos” y, si eso es una terrible carga para un contribuyente, peor resulta para las empresas privadas porque estas tienen más obligaciones. Como se dedican a pagar multas, no pueden crecer. ¿Cómo esperamos que puedan crear empleos de calidad para que no haya otra familia boliviana en la que una Eva muera de hambre?
Para cambiar eso, hay que humanizar el sistema de recaudación de impuestos y el primer paso en ese sentido es pensar en una amnistía tributaria que permita que los espantados por las multas vuelvan al redil y sigan aportando al Estado. Con las normas corregidas, podemos empezar a crecer juntos, las empresas y nosotros, y tendremos empleos de calidad.
Otra Eva será más difícil.
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
