El 5 de septiembre de 1986, la avioneta en la que viajaban los científicos Noel Kempff Mercado y Vicente Castelló aterrizó de emergencia en una pista de aterrizaje que el piloto, Juan Cochamanidis, encontró en el Parque Nacional Huanchaca, al norte del Departamento de Santa Cruz.
La pista era utilizada por los narcotraficantes de una fábrica de cocaína emplazada en el lugar que, al verse descubiertos, mataron a balazos a Kempff, Cochamanidis y al guía Franklin Parada Auclos. Lo demás es historia conocida: el crimen caló tanto que el gobierno de Víctor Paz Estenssoro arremetió contra los narcos. El parque cambió su nombre por el de Kempff y ahora es una de las áreas protegidas de Bolivia.
El 11 de octubre de 2012, el gobierno de Evo Morales ordenó una incursión de fuerzas combinadas a Challapata, municipio de la provincia Abaroa del Departamento de Oruro que, hasta entonces, se había convertido en el feudo de los traficantes de autos usados. Organizados como estaban, los contrabandistas respondieron y la acción se saldó con dos muertos y cuatro heridos. La mafia de los autos “chutos” fue desmantelada pero el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió que muchos de los contrabandistas habían diversificado su acción criminal al narcotráfico.
El lunes de esta semana, una avioneta se estrelló cerca de la comunidad Huayllajara, en el distrito Ayoma del municipio de Colquechaca, en el norte del Departamento de Potosí. No se trata de un lugar totalmente despoblado así que sus escasos habitantes no solo vieron el accidente sino lo que sucedió después: una camioneta roja llegó al lugar, alguien rescató al único sobreviviente y lo que pudo de la avioneta a la que después le prendió fuego. Por ello, la Policía solo encontró cenizas y el cuerpo del piloto calcinado. Hasta el momento de escribir esta columna, ni el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, ni el ministro de Gobierno, Carlos Romero, habían descartado la posibilidad de que el vuelo siniestrado haya sido parte de una operación de narcotráfico. Lo que me llamó la atención es el dato que me dio el alcalde de Colquechaca, Eduardo Pacheco: la avioneta se estrelló muy cerca de Challapata.
Puede ser una mera coincidencia pero eso no borra el hecho de que en Bolivia existen territorios sin ley, aquellos en los que algunos grupos se aprovechan de la anomia del Estado para imponer la suya, sin importar si, al hacerlo, están cometiendo delitos.
Son esos grupos los que controlan buenas porciones de territorio y hacen pactos con los partidos que quieren controlar el voto rural. Como su interés es mantener el control sobre su territorio, no son grupos ideologizados así que pactan con cualquier partido, sea de izquierda o de derecha, que les garantice que mantendrán sus privilegios en caso de acceder al poder. En el occidente del país, esos grupos llegaron a controlar centrales y subcentrales agrarias, ayllus y comunidades o agrupaciones de ambas. Por eso es que se puede encontrar siglas de organizaciones que llegaron al poder a través de estos pactos.
De esa manera se entiende que en algunos lugares, todos del área rural, haya voto duro para determinados partidos. Ni siquiera la coyuntura, que puede determinar el voto en las ciudades, modifica la tendencia en los lugares donde el voto está controlado por las organizaciones.
Así, los territorios sin ley se convirtieron en feudos de inescrupulosos que comercian con el voto de la gente, ya sea mediante la intimidación o prácticas de control de sufragio. Es la ilegalidad que controla la democracia.
(*) Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.
