Coyuntura
Juan Alfredo Jordán realizó la compra de un edificio, sin la autorización del directorio de la Caja Nacional de Salud, pagango el doble del precio real.
El hecho se registró ayer, cerca de las 19.00, en la región costera de Antofagasta. Según el relato de Quispe "los carabineros de Chile se presentaron para pedir que se retiren los símbolos patrios porque no estaban con autorización”, Dijo además que preguntaron sobre las actividades del 21 de marzo.
“El aborto está tipificado como delito en Bolivia, pero estamos estableciendo cierta excepcionalidad, que es por una sola vez, no es que la mujer pueda hacer dos o tres veces el aborto. Tampoco seamos hipócritas, ni la sociedad ni los médicos”, dijo el parlamentario.
Un informe explica que explica que el Beni es la región donde más se realizan abortos con un 38%. Las principales causas de la muerte materna son hemorragia (33%), aborto (9%)”.
La Conferencia Episcopal detalla en un comunicado que “no hay nada en la enseñanza del Papa Francisco que justifique o avale una reforma del sistema penal como la que se propone en Bolivia, en los temas referidos a la vida, ni que dé lugar a equívocos o interpretaciones, que sólo buscan tergiversar su doctrina”.
La Ministra de Salud, Ariana Campero, dijo que “Si una institución no está acuerdo con las prestaciones que les da cualquiera de las Cajas, más que todo la Caja Nacional de Salud, podrá definir desafiliarse y también puede incluso afiliarse al subsector público, ya no sólo a las otras Cajas, como estaba en la norma antigua".
El sector que acata un paro cívico se opone a la Ley de Sustancias Controladas.
"Los Ponchos Rojos amenazan con ingresar al pueblo aprovechando que muchos pobladores están en la ciudad de La Paz", dijo un lector del portal digital, aunque este medio no pudo confirmar que las amenazas se hayan producido.
Este jueves, el jurista presentará un memorial de aclaración y enmienda para que el Tribunal de Sentencia “aclare estos aspectos de manera dudosa de la emisión de la sentencia”. Señaló que el Tribunal Constitucional define que para efectos del cómputo de la pena se considera la detención domiciliaria.
