Bolivia produce gas natural (promedio) casi 58 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d); 70% de ese volumen de gas producido es explotado en campos del departamento de Tarija, al sur de Bolivia. Y es la única región del país, en tanto no se incentive aún más la exploración con capital privado en otras áreas geológicas, que va a continuar sosteniendo la economía boliviana con su gas.
Una constatación incontrastable: se continúa esperando resultados de la denominada Ley nacional “de incentivos a la exploración”, instrumento que de manera poco ortodoxa el poder ejecutivo central decidió recurrir a una porción de presupuestos de los departamentos (gobiernos departamentales) para re-activar y re-impulsar la industria, competencia que es únicamente del poder ejecutivo central, pero así y todo, dado que recurrirá a presupuestos departamentales esperemos que funcione.
Siempre hemos subrayado que recurrir a ingresos departamentales (renta petrolera como impuesto directo a hidrocarburos IDH y otros) para “gatillar” (impulsar) la exploración no es el mejor camino. Siempre lo hemos indicado, hubiera sido adecuado que el poder ejecutivo central de Bolivia se hubiera dedicado con más ahínco a buscar inversiones en el sector privado internacional, pero obviamente para aquello se necesita un esquema regulatorio y legislativo muy moderno, muy preciso y de amplio respeto a la iniciativa privada. Se requiere además tremenda proactividad y buenas conexiones en esta economía global que es tan sensible a discursos chocantes, retóricos y poco prácticos. Como en Bolivia no hay Ley de hidrocarburos (una moderna que prevea el horizonte, sino más bien hay una que es previa a la nueva Constitución), pues entonces es complicado ir afuera de las fronteras nacionales y decir vengan a invertir a Bolivia con esta vieja legislación.
El departamento de Tarija, por ser el mayor productor de gas del país, es el más afectado con esa ley “de incentivos”, en comparación con otras regiones productoras como Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. En el tema de la ley “de incentivos”, además, se tiene claro que en todo el 2016 no empezó a caminar: recién en el concluido segundo semestre de 2016 se estuvo discutiendo la reglamentación. Para Tarija es vital ver si esto marchará, porque se tiene ya relaciones contractuales para bloques de nuevas operaciones en gas (ejemplo, las denominadas San Telmo y Astillero) y necesitamos saber si esta ley va a funcionar o no. En todo caso la recomendación -como ciudadano- es que el poder ejecutivo central debe continuar impulsando un marco regulatorio moderno y abriendo puertas a compañías e inversiones internacionales.
Ojo que en Tarija continuamos expectantes para proyectos en área de hidrocarburos en el territorio departamental: estamos positivamente esperanzados sobre la reciente oferta del poder ejecutivo central de Bolivia -realizada en abril 2016 en ocasión del aniversario de Tarija-, que formulara el Vicepresidente del Estado boliviano en sentido de que en el próximo quinquenio “se invertirá en el departamento de Tarija cerca de 10 mil millones de dólares en hidrocarburos, petroquímica, electricidad, infraestructura, entre otros proyectos…”, es un monto importante que queremos ver cómo se invierte, dónde y con qué resultados.
Sobre el particular vamos a seguir planteando, en el mejor ánimo, para conformar un comité de seguimiento a esas inversiones (continuará).
El autor es Máster en administración de empresas, fue ejecutivo de compañías del sector privado boliviano, analista y es secretario de Energía del gobierno de Tarija-Bolivia. Sus opiniones no comprometen a ninguna institución a la que pertenece.
@BorisSGomezU.
