La seguridad jurídica es uno de los principios esenciales del derecho que otorga a las personas y las organizaciones --de manera permanente-- la certeza y previsibilidad en la vigencia de las normas, la garantía de que las leyes serán aplicadas sin discriminación ni privilegios, y que no habrá protección ni impunidad cuando éstas sean vulneradas.
Para que exista la seguridad jurídica son indispensables la estabilidad legislativa, la imparcialidad en la aplicación de la justicia, la protección de los derechos de propiedad, la capacidad de resolver disputas de manera justa y eficaz, y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Esto implica la seguridad de que no habrá cambios inesperados en las leyes; que las personas, sus bienes y sus derechos no serán objeto de abusos, despojos o arbitrariedades, que los jueces y tribunales actuarán con imparcialidad y que existirán mecanismos de control constitucional y administrativo que prevengan la corrupción.
En el caso de Bolivia, desde hace varias décadas, pero sobre todo en los últimos años, hay un constante debilitamiento de la seguridad jurídica debido a la desinstitucionalización, la crisis del sistema judicial, la sobreabundancia y la mala calidad de las normas, la discrecionalidad de las autoridades y la pérdida de legitimidad de las entidades responsables de su aplicación. Estos factores han generado una condición estructural de desconfianza sostenida con graves implicaciones económicas y han puesto en cuestión la vigencia del Estado de Derecho,
La fuga de capitales, la reducción de la inversión extranjera directa, el incremento en los costos de transacción, el aumento de la informalidad y de los conflictos sociales, los avasallamientos, el incumplimiento de las leyes, el crecimiento del delito y la pérdida de competitividad internacional, son consecuencias inequívocas de una inseguridad jurídica creciente.
Un factor muy complejo tiene que ver con la definición de la seguridad jurídica como un principio y no como un derecho exigible, lo que genera indefensión en los agentes económicos que sufren avasallamientos y bloqueos por grupos organizados, mientras que el Estado los afecta con expropiaciones, cambios arbitrarios de la normativa, amenazas, acoso y presión impositiva. Las entidades encargadas de reponer el derecho vulnerado, actúan con parcialidad, intereses políticos o bajo criterios subjetivos, dejando en la impunidad delitos flagrantes e incluso revictimizando a quienes los han padecido.
La posibilidad de protección y restitución de derechos es prácticamente inexistente. La Ley de Conciliación y Arbitraje no garantiza ecuanimidad ni justicia y excluye temas fundamentales de su alcance, pero además la decisión del gobierno en 2008 de retirar a Bolivia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dejó en indefensión y ahuyentó a los inversionistas. Para completar el panorama de inseguridad, los operadores de justicia, el Ministerio Publico, la Defensoría del Pueblo y todas las instancias que debieran velar por los derechos ciudadanos, responden a instrucciones e intereses políticos antes que al cumplimiento de la Ley.
Aunque la inseguridad jurídica se ha naturalizado como parte de la cultura política boliviana, sus efectos son devastadores en nuestra reputación internacional, donde los indicadores que califican la calidad institucional nos colocan a nivel de Estados fallidos o de democracias imperfectas. Así, por ejemplo, el Índice Global de Estado de Derecho 2023 nos sitúa en el puesto 131 de 142 países analizados; el Índice de Libertad Económica 2024 en el puesto 165 de 176 países, y las últimas calificaciones de riesgo país nos consideran en el último lugar en América, después de Venezuela. A nivel interno, los ejemplos son gráficos: recientemente la Cámara Nacional de Industria reveló que en los últimos 14 años se produjeron 2.400 bloqueos de vías; tan solo en 2024 las protestas sociales impidieron el tránsito por 170 días, generando perjuicios que podrían haber superado los 2.000 millones de dólares en pérdidas. Ningún gobierno se anima a hacer cumplir la ley que sanciona estos delitos.
Es evidente que la inseguridad jurídica es uno de los problemas más importantes que debemos resolver como sociedad si pretendemos enfrentar la crisis e iniciar la reactivación económica. Aquí nos enfrentamos a la necesidad de hacer ajustes normativos e institucionales en el sistema judicial y en el Ministerio Público, pero fundamentalmente eliminar la concentración de poder en el gobierno, disminuir la corrupción e impulsar la participación ciudadana. En un año electoral, la última palabra la tienen nuevamente los candidatos que deben dar una respuesta clara a este tema, de cuya solución depende la estabilidad y la viabilidad de cualquier plan de desarrollo y programa de bienestar.
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