Seguridad
"Exigimos una investigación y sanción ejemplificadora a los autores materiales e intelectuales en todos los niveles que correspondan, exigiendo al Presidente del Estado la destitución de las autoridades involucradas en el Ministerio de Gobierno”, dice parte del pliego de la UPEA.
El 2 de marzo, funcionarios de Umopar fueron heridos por un grupo de comunarios que defendían un cargamento de droga en Villa Tunari.
Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Gonzalo Rodríguez, informó que cuatro autos lograron evadir el puesto de control militar e ingresaron al territorio nacional. Aún continúa la tarea de control de las Fuerzas Armadas en la localidad Eucaliptos del departamento de Oruro.
De acuerdo con el reporte, la emboscada provocó dos heridos de gravedad, el sargento segundo Rubén Flores Tola y el cabo Isaac LImachi Yana, ambos de la UMOPAR, quienes recibieron disparos de los narcotraficantes, pero ya reciben la atención medica correspondiente. La denuncia ante la FELCC fue realizada ese mismo día.
Montaño aclaró que no es posible diferenciar en qué servicios fueron atendidos ese número de personas, porque en algunos casos aún se realizan cobros por la atención médica.
La defensora de los derechos humanos Julieta Montaño dijo que el IITCUP perdió credibilidad por la corrupción de algunos de sus miembros.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió este lunes a este hecho de sangre y dijo que se investigaba un presunto enfrentamiento entre narcotraficantes; la familia de la víctima ha descartado este extremo.
Diego Flores vestía una casaca y su cuerpo fue encontrado fuera del garaje de la agrupación Rumba Carnavalera, en la avenida Cañoto.
En la investigación preliminar, la FELCC estableció que le practicaron un "mal aborto" que puso en peligro la vida de esa mujer.
Cuando los militares identifican y persiguen a un camión de contrabando, el chofer inutiliza el camión antes de escapar. Convoca a refuerzos que son jovenzuelos que llegan a título de pobladores y comienzan a agredir a los efectivos militares y terminan incinerado la mercadería. La idea es inutilizar el motorizado y evitar que los productos ingresen al recinto de control aduanero.
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